Tres hombres fueron procesados y encarcelados (aunque con prisión domiciliaria) por la Justicia por integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a los beneficiarios de “Barrios de Pie” y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, fueron procesados y encarcelados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº6, María Alejandra Provítola, quien además dispuso el embargo sobre sus bienes y la prohibición de acercamiento a las víctimas. Se estima que los mencionados se habrían beneficiado con la suma de $3.000.000.

La investigación la inició la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº30, a cargo de Marcela Sánchez, en diciembre de 2019, cuando un oficial que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callao al 100 en la Ciudad de Buenos Aires, advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones utilizando diversas tarjetas bancarias. Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas les pertenecían.

Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021, la jueza procesó a los dos imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.

Al mismo tiempo, la fiscal Sánchez logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa, por lo que requirió una serie de medidas, que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero, integraban –en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Para la Justicia, los tres imputados a través de la organización, habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas que percibían planes sociales -de los programas “Argentina Trabaja” y luego renombrado “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- y se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos $3.000.000.

La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenían injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales; y así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.

LAS “OBLIGACIONES” DE LAS VÍCTIMAS

Asimismo, trascendió que durante la investigación se comprobó que las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON ARRESTO DOMICILIARIO Y EMBARGO

Con las pruebas recabadas por la Fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, como coautores del delito de asociación ilícita en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado respecto de al menos 20 víctimas, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa respecto de al menos 2 víctimas, estafa reiterada en 3 oportunidades y extorsión”.

La magistrada dispuso al mismo tiempo, la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y dictó el embargo de los bienes de los tres hasta cubrir cada uno la suma de $1.613.265 y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.